En Latinoamérica la corrupción por parte de la casta política se ha convertido en una costumbre que deteriora e impide el desarrollo económico de los paises.
Una de las prácticas mas utilizadas por los dirigentes
consiste en hacer uso de estas anómalas prácticas en las contrataciones. La
corrupción en las contrataciones gubernamentales se ha convertido en una lacra
que socava los cimientos de la democracia perpetua la desigualdad social. En
muchos paises en los que sobresale Colombia, los políticos sin escrúpulos se
aprovechan de la posición encomendada por el pueblo a través del voto, para
exigir pagos de comisiones fuera de las estructuras legales de contratación,
enriqueciéndose a expensas del bienestar de los ciudadanos. Este fenómeno va más
allá de la mera malversación de fondos, convirtiéndose en un asalto directo a
la prosperidad nacional.
En el corazón de esta problemática se encuentra una
red de políticos agrupados en los diferentes partidos convirtiéndose en una red
de políticos corruptos que exigen sobornos a cambio de adjudicar contratos
gubernamentales. Estos funcionarios deshonestos operan al margen de los
procedimientos establecidos, socavando la transparencia y la sana competencia
en las contrataciones. El reconocimiento de comisiones o coimas por parte de
los contratistas, no solo distorsionan el proceso de selección, sino que
también impide que las empresas competentes y éticas accedan a oportunidades que
podrían contribuir al desarrollo sostenible del pais.
Además la corrupción no se limita a la obtención de
fondos ilícitos, sino que se extiende a la ocultación de los excedentes
obtenidos por los políticos en paraísos fiscales . Esta práctica nefasta no
sólo priva a la nación de recursos esenciales, sino que también crea un velo de secretismo que dificulta el seguimiento
y la rendición de cuentas. El dinero desviado a paraísos fiscales o
directamente al enriquecimiento inmoral del político, podría haberse destinado
a proyectos cruciales e importantes para la sociedad, como la mejora en la
salud, educación y la infraestructura, beneficiando de manera directa a la
población.
Los efectos de esta corrupción desenfrenada se hacen
palpables en la vida cotidiana de los ciudadanos. La falta de inversión en
servicios públicos de calidad, el deterioro de la infraestructura y la perpetuación
de la pobreza son alguna de las consecuencias directas de la malversación de
fondos. Mientras los políticos corruptos acumulan riquezas tanto al interior
del país como en el extranjero, mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de
una gestión ineficiente y deshonesta.
La tarea más difícil que se debe afrontar en la
actualidad es generar una lucha frontal contra la corrupción a todos los
niveles incluyendo la que se crea a través de la contratación gubernamental esto
resulta imperativo para restaurar la confianza en las instituciones y promover
el bienestar de la sociedad. En Latinoamérica, pero especialmente en Colombia
se requiere de medidas drásticas, como la implementación de sistemas de
contratación transparentes, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición
de cuentas y la persecución judicial de quienes se involucren en prácticas
corruptas
En última instancia, es responsabilidad de la sociedad
exigir un cambio significativo y poner fin a esta cultura corrosiva, solo
mediante un compromiso colectivo contra la corrupción se podrá construir un
futuro donde los recursos públicos se utilicen para el beneficio común, en
lugar de enriquecer a unos pocos a expensas de muchos.
