HACIA UN NUEVO MODELO DE SUPERVIVENCIA AGROAMBIENTAL

 

La humanidad se encuentra en una encrucijada histórica donde la complacencia política y los modelos económicos extractivistas amenazan directamente la viabilidad de la vida en la Tierra. Las crisis ecológicas actuales no son meros accidentes fortuitos, sino el resultado directo de la ignorancia sistemática de las leyes naturales, las cuales son inalienables, no negociables y de estricto cumplimiento para todos los habitantes del planeta, incluidos quienes ostentan el poder político (Rockström et al., 2009).

En la actualidad, los efectos del cambio climático, el calentamiento global y el acelerado incremento del efecto invernadero ya no son proyecciones teóricas para un futuro lejano; se sienten y se miden en vidas humanas en diversas regiones del globo (Intergubernamental Panel on Climate Change [IPCC], 2023). El deterioro sistemático de los suelos agrícolas y la merma acelerada de los recursos hídricos básicos están comprometiendo la seguridad alimentaria y la supervivencia humana (Food and Agriculture Organization [FAO], 2021).

En múltiples latitudes, gobernantes y élites priorizan soluciones cortoplacistas orientadas a réditos financieros inmediatos y beneficios personales, menoscabando los bienes naturales comunes (North, 1990). Si bien muchos políticos responsables de estas decisiones eluden las consecuencias directas al no vivir para presenciar la hecatombe total, la responsabilidad histórica recae tanto en los gobernantes como en las sociedades que, mediante su elección y pasividad, validaron dichos modelos (Beck, 1992).

La ciencia lleva décadas emitiendo advertencias rigurosas que han sido desatendidas en favor de equilibrios financieros superficiales (Meadows et al., 2004). Sin embargo, el pensamiento económico crítico ha aportado herramientas conceptuales fundamentales para exigir justicia ambiental.

El Legado de Arthur Pigou (1920)

Desde hace más de un siglo, el economista Arthur Pigou estableció que quien destruye la naturaleza debe responder ante la sociedad por el daño causado (Pigou, 1920). Este principio exige que los costos sociales y ambientales del deterioro ecológico sean internalizados de forma rigurosa y punitiva sobre terratenientes, gobernantes y tomadores de decisiones que degradan el capital natural (Baumol & Oates, 1988). Cuando los ecosistemas colapsen por la mala gestión humana, la corrección será implacable, cobrando un saldo trágico de millares de vidas en todo el planeta (Diamond, 2005).

Para evitar la catástrofe anunciada, es imperativo rediseñar radicalmente la forma en que producimos, consumimos y gestionamos el territorio. Las acciones correctivas deben centrarse en:

Está prohibido alterar los cauces naturales de los ríos o erigir barreras y muros de contención agresivos en las vertientes bajo la excusa de generar energía convencional, cuando la propia naturaleza ofrece alternativas limpias, armónicas y sostenibles (Postel & Richter, 2003).

Adoptar fuentes energéticas limpias que no fragmenten los ciclos hidrológicos ni destruyan la biodiversidad local (Smil, 2017).

Proteger los recursos naturales no es una opción ideológica, sino un mandato ético ineludible para garantizar que las próximas generaciones puedan heredar un planeta habitable (Brown Weiss, 1989).

La discusión profunda sobre estas problemáticas, la urgencia de transformaciones estructurales en la producción y la defensa inclaudicable de los recursos naturales como garantes de la vida humana se encuentran magistralmente abordadas en la obra Economía Agroambiental, escrita por el economista e investigador Fabio de Jesús Suárez Agudelo. Este texto constituye una brújula analítica indispensable para comprender que la economía debe estar subordinada a las leyes de la naturaleza, y no al revés (Suárez Agudelo, 2024).

Los marcos regulatorios actuales en América Latina no cuentan aún con la fuerza jurídica y política necesaria para aplicar con rigor los principios de compensación ambiental propuestos por Arthur Pigou (Acosta, 2016). Aunque en el papel muchos países de la región han avanzado en la adopción de normativas ambientales, la realidad institucional presenta profundas debilidades estructurales que neutralizan su eficacia (Dourojeanni, 2000).

En la práctica, las multas y penalizaciones por daño ambiental suelen funcionar como un costo operativo más para las grandes corporaciones o industrias extractivas, en lugar de ser un verdadero disuasivo económico para la internalización real del costo marginal del daño (Pearce & Turner, 1990).

En numerosas ocasiones, los gobiernos de turno subordinan las carteras de ambiente a los ministerios de hacienda o minero-energéticos, debilitando la autonomía técnica de las agencias de control y permitiendo licencias exprés a cambio de inversiones a corto plazo (Gudynas, 2015).

Los terratenientes, actores agroindustriales y corporaciones transnacionales con alto poder de influencia logran evadir los controles estatales, especialmente en zonas periféricas o fronteras agrícolas donde la presencia institucional es débil (Leff, 2004).

El principio pigouviano exige que el causante del daño pague exactamente el valor equivalente al perjuicio social generado. Sin embargo, en América Latina persisten dos grandes obstáculos para lograrlo:

• Subvaloración del Capital Natural.- Los sistemas de contabilidad nacional rara vez reflejan el Valor Económico Total (VET) de los ecosistemas, lo que subestima la pérdida real al calcular las compensaciones (Costanza et al., 1997).
• Corrupción e Impunidad.- La falta de transparencia en la fiscalización impide que los recursos recaudados por concepto de multas o impuestos ambientales se reintegren de manera efectiva a la restauración de los ecosistemas afectados (Transparency International, 2022).

Para que América Latina logre alinear su economía con las leyes inquebrantables de la naturaleza, es indispensable una reforma estructural profunda que dote a la justicia ambiental de independencia, dientes punitivos reales y herramientas de valoración económica rigurosas —tal como se plantea en la literatura especializada sobre economía agroambiental—. De lo contrario, las leyes seguirán siendo decorativas mientras la factura de la naturaleza continúa acumulando intereses letales.

Referencias (Normas APA 7.ª edición)

• Acosta, A. (2016). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. Icaria Editorial.
• Baumol, W. J., & Oates, W. E. (1988). The theory of environmental policy. Cambridge University Press.
• Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. Sage Publications.
• Brown Weiss, E. (1989). In fairness to future generations: International law, common patrimony, and intergenerational equity. Transnational Publishers.
• Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387(6630), 253–260. https://doi.org/10.1038/387253a0
• Diamond, J. (2005). Collapse: How societies choose to fail or succeed. Viking Press.
• Dourojeanni, A. (2000). Procedimientos de gestión ambiental en el desarrollo minero y energético. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
• Food and Agriculture Organization [FAO]. (2021). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura – Sistemas en el límite. FAO. https://doi.org/10.4060/cb8885es
• Gudynas, E. (2015). Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. CEDIB.
• Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. Cambridge University Press. https://doi.org/10.59327/IPCC/WGII.9789291691647
• Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza. Siglo XXI Editores.
• Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (2004). Limits to growth: The 30-year update. Chelsea Green Publishing.
• North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
• Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). Economics of natural resources and the environment. Johns Hopkins University Press.
• Pigou, A. C. (1920). The economics of welfare. Macmillan and Co.
• Postel, S., & Richter, B. (2003). Rivers for life: Managing water for people and nature. Island Press.
• Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., ... Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472–475. https://doi.org/10.1038/461472a
• Smil, V. (2017). Energy and civilization: A history. MIT Press.
• Suárez Agudelo, F. de J. (2024). Economía Agroambiental. (Obra de referencia académica sobre la subordinación de la economía a las leyes naturales y la valoración de recursos).
• Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Transparency International.